El pasado 15 de marzo, las comisiones unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Gricelda Valencia de la Mora y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron un proyecto para que el Infonavit pueda establecer un programa para la reestructuración y otorgamiento de prórrogas en el pago de créditos de vivienda a los trabajadores.  

Se trata de una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para precisar que este organismo llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado, con base en un modelo de cobranza social a la medida de la situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado y “sin intermediarios”.  

El dictamen, plantea que dicho modelo integre un programa de reestructuración y beneficios para el pago de la amortización por concepto de capital e intereses ordinarios, a través del cual el Instituto otorgará de forma expedita las reestructuras y prórrogas necesarias mediante convenio, a solicitud de los trabajadores acreditados.  

Y en todo caso, agrega el documento aprobado, dentro del programa se privilegiará la adopción de mecanismos de mediación o justicia alternativa para la recuperación de los créditos. 

Además, las y los senadores agregaron que éste sea de aplicación general en todo el territorio nacional, y que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio web del Instituto. 

El dictamen también plantea que el Infonavit emita las acciones, reglas y lineamientos necesarios para implementar este modelo de cobranza social, y establezca las bases para la contratación de los recursos humanos que se requieran para su implementación. 

Además, el Instituto podrá acordar y celebrar convenios con los acreditados para mejorar sus condiciones de pago y reestructurar sus créditos, con absoluto apego y aplicación de la legislación en la materia, con el propósito de que los trabajadores tengan efectivamente la posibilidad de mantener el pago de su crédito y minimizar el riesgo de que su propiedad sea adjudicada. 

Las y los senadores destacaron que estas modificaciones legales contribuyen a otorgar certeza jurídica, brindar seguridad y tranquilidad a quienes no desean perder su vivienda como único patrimonio.