El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, refirió que entre los objetivos principales de las y los diputados está eliminar todo abuso de tipo laboral o explotación que ponga en riesgo la salud, el bienestar e incluso la vida de niñas, niños y adolescentes, para lo cual se han presentado diversas iniciativas que son analizadas por las comisiones correspondientes. 

Afirmó que es necesario robustecer el marco jurídico, en especial la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente al considerar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México trabajan 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. 

Mencionó que “es deber de todas y todos cumplir con lo que mandata la Constitución, a fin de amparar los derechos de la niñez y la adolescencia, así como erradicar la discriminación, la explotación laboral, la falta de acceso a la educación y asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. 

El legislador resaltó que entre las reformas que la Cámara de Diputados ha impulsado está la de proteger a esta población, especialmente para que las entidades federativas y municipios propicien las condiciones para hacer efectivas las garantías de las niñas y niños en situación de orfandad. 

Asimismo, se avalaron reformas para emitir la Alerta Amber al momento en que se levante la denuncia formal ante la autoridad competente del extravío de un menor de edad. 

 

Otro de los dictámenes aprobado por consenso, dijo, tiene el objetivo de establecer que la reglamentación en materia de adopción contenga los requisitos y documentos necesarios para determinar la idoneidad de los adoptantes, con el fin de agilizar trámites en estos procesos. 

Gutiérrez Luna sostuvo que “estos trabajos son transcendentes porque contribuyen a combatir el trabajo infantil; por ello las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios tienen como prioridad la defensa, preservación y ampliación de los derechos de esta población, que se suma además a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el gobierno federal”.