Aunque se creó en mayo de 1998 como órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación, en los últimos tres años el Instituto Federal de Defensoría Pública renueva el compromiso social de ser amparo de las víctimas de injusticias en México, en Yucatán

 

Ser el amparo que brinde certeza jurídica, voz y libertad a las y los que sufren injusticias, cárcel y marginación es uno de los grandes retos que enfrenta el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en México.

Para el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del IFDP, la difícil misión de hacer valer los derechos de las personas, en particular las privadas de su libertad, pero también de colectivos en estado vulnerable es una tarea que realizan en 100 ciudades de las 32 entidades del país. 

El también presidente de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal habla de lo que es la institución que preside, quiénes pueden acceder a sus servicios, dónde está la sede en Yucatán y sus ámbitos de competencia.  

Además, se refiere a la creación de una Fiscalía Especializada contra la tortura, obligación establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que se publicó en 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Derivado de una sentencia, el Congreso local de Yucatán está en vías de cumplimiento de tal deber, con las implicaciones que ello conlleva.

 

¿Qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública?

Se presenta como el responsable del despacho de abogados y abogadas más grande de México, pero con la salvedad que todos los servicios que ofrece a la sociedad, en particular a las personas y colectivos en estado más vulnerable, son completamente gratuitos. 

Director general del IFDP, a partir de 2019, el maestro Sandoval Ballesteros dirige un equipo de 842 especialistas, 283 abogadas y 559 abogados en diversas ramas del Derecho que buscan cambiar la imagen, el rostro y sobre todo el rol actual de los garantes del respeto a los derechos y la justicia en el país.

"De manera cotidiana, es el despacho de abogados más grande del país, presente en 100 ciudades de las 32 entidades federativas de México, con litigios gratuitos no sólo en materia penal, también en el ámbito civil, mercantil, administrativo, laboral, migratorios..., para servir a las personas más vulnerables, y a los colectivos".

 

"Con una definición formal, el IFDP es un órgano auxiliar de una parte del Poder Judicial de la Federación, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, y goza de autonomía y realiza un trabajo en pro de la justicia", explica el maestro.  

¿Quiénes tienes acceso a los servicios que ofrece el IFDP?

La respuesta del también coordinador para América del Norte de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas es en principio y prácticamente toda la población de las 32 entidades federativas de México.

"Todos los habitantes del país tienen acceso a los servicios que ofrecemos. ¿Cuáles serían los límites? Obviamente la competencia del instituto son las referentes al fuero federal. Los litigios o delitos que son competencia de los jueces locales, no nos corresponderían, como los de materia agraria, a cargo de la Procuraduría Agraria, pero hay excepciones en donde podemos intervenir".

 

"En forma reciente el Consejo de la Judicatura Federal amplió sus facultades y ahora el IFDP puede atender a personas que, por ejemplo, son víctimas indirectas, familiares de una mujer que fue privada de la vida por feminicidio o cuando es criminalizada por la interrupción de un embarazo".

 

"Además cuando hay un despido injustificado o una persona se enfrenta a un procedimiento de extinción de dominio, cuando le quitan un terreno, y en otros asuntos legales donde puede el instituto ofrecer orientación y/o asesoría de cómo proceder o llevar un juicio a pesar de que sea de incumbencia local", destaca el maestro Sandoval. 

¿Hay alguna oficina o delegación del IFDP en Yucatán, por qué, dónde está su sede?

A partir del 26 de noviembre de 2019, detalla, la sede regional de la Defensoría Pública Federal se convirtió en local, exclusiva para asuntos de Yucatán. Las oficinas están en el segundo piso del edificio del Poder Judicial de la Federación, en la calle 47 número 575 entre 84 y 84 A, de la colonia Santa Petronila. 

"La Defensoría Pública tiene una capacidad de atención muy amplia. Tiene tanto defensores como asesores que se ocupan de las personas en situaciones de indefensión. En la delegación de Yucatán está a cargo de la licenciada María Asunción Lanz Gutiérrez de Velasco y hay 11 defensores públicos, uno de ellos domina el idioma maya".

"También hay 11 oficiales, es decir un grupo de 22 abogados y abogadas que se dedican a la materia de defensa penal. Además, hay cuatro asesores jurídicos, dos especializados en personas con alguna discapacidad, un asesor en movilidad que atiende a personas refugiadas y migrantes, y un litigante mixto", precisa. 

 

El maestro Sandoval pone a disposición de los habitantes de Yucatán que requieran algún servicio del IFDP el número gratuito, al que llaman Defensatel, 800-224-24-26 que opera las 24 horas los 365 días del año.

 

¿Qué impacto tiene el IFDP en Yucatán, cuales son los litigios más relevantes que lleva?

"La Defensoría Pública tiene muchos retos y por lo tanto muchos litigios muy interesantes. Nuestro equipo de abogados y abogadas se dedican a atender a las personas en las situaciones más vulnerables en Yucatán", insiste el  licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Por ejemplo, cita que en la última década el número de migrantes que llega a Yucatán aumentó en un 72%, de 156,000 a 269,000 personas, por lo que tener abogados que se dediquen a los temas de movilidad y los problemas que enfrentan son importantes.  

"En Yucatán, ya no sólo hay personas extranjeras sino también de otras entidades que se ven desplazadas o de gente que regresa a nuestro país, y esos temas son fenómenos muy complejos que requieren atención del equipo de la Defensoría Pública Federal", destaca el maestro Sandoval Ballesteros.

Por otro lado, refiere que se impulsaron litigios en materia de responsabilidad patrimonial. En el caso de Yucatán el IFDP promovió un amparo por omisión legislativa en contra del Congreso estatal, es el amparo indirecto 930/2021, que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado.

"Es decir, hay una reforma constitucional que ordena que las entidades federativas y el ámbito federal también, indemnice a las personas cuando hay un actuar irregular del Estado, y el ejemplo claro o material que se le puede dar a la gente, es el del clásico conductor que cae en un bache. ¿Quién indemniza por esos daños", ilustra.

 

El caso de la creación de la Fiscalía especializada en contra de la tortura 

Como fundador de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el IFDP, indica que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige que todas las entidades federativas tengan una Fiscalía especializada en la investigación de esos delitos. 

"Otros de los asuntos muy importantes en la agenda del instituto, por medio de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura es que se creen órganos especializados en el combate a esa práctica tan deleznable, pero al mismo tiempo tan generalizada y sistemática en el país".

En México, afirma que todavía es una práctica común la tortura, y por eso la Defensoría Pública creó una Secretaría especializada para combatir ese tipo de hábitos, "que además se utilizan para obligar a las personas a autoinculparse". 

"Con un equipo de expertos se logró promover amparos por omisión legislativa, porque hay muchas entidades que no cuentan con una Fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura".

"Se comenzó en Querétaro, donde los jueces no sólo dieron la razón y se ganó el amparo, el Congreso fue abierto a las iniciativas de ley y se aprobó una reforma para crear la Fiscalía e incluso se le dotó de un presupuesto necesario", enfatiza. 

¿Qué pasó con el caso de la Fiscalía especializada en contra de la tortura en Yucatán?

El máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, España, expone que la Defensoría Pública no sólo se enfoca en temas locales, también ha litigado en contra de la Fiscalía General de la República para que se cree un Registro Nacional del Delito de Tortura o fiscalías especializadas para que se investigue este delito. 

El problema, dice el maestro Sandoval, es que en muchas entidades del país, como en el caso de Yucatán, no se legisló sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

Ello, añadió el especialista en Administración y Procuración de Justicia por la UNAM, implica que los estados del país tenían como límite el 25 de septiembre de 2017 para instalar Fiscalías especializadas o al menos, una unidad para investigar y castigar ese delito. 

¿Por qué no avanza la creación de la Fiscalía especializada en tortura en Yucatán?

El 28 de octubre de 2021, recuerda el maestro Sandoval, la Defensoría Pública presentó una demanda de amparo por la omisión de no crear la Fiscalía especializada. El reclamo es porque el Congreso de Yucatán no había legislado en la materia y porque el Fiscal no creó esta instancia especializada.

"El amparo se resolvió en abril de 2022 y se ordenó al Congreso local que se legisle en la materia, porque no basta que sólo se trate de cumplir, no sólo es eso. En este caso hay una ley federal que dice que las personas encargadas de investigar el delito de tortura tienen que ser Fiscalías especializadas, con personal bien capacitado". 

"Y es importante, porque muchas veces las Fiscalías están involucradas en la tortura, ya sea por omisión o por acción, entonces es absurdo que se le pida a esa Fiscalía que estuvo involucrada en esa tortura, a ese fiscal o ese Ministerio Público que él mismo se investigue", juzga el titular del IFDP. 

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¿Cuántas unidades y Fiscalías, ya creadas, hay en México, y en qué entidades no hay ni una ni otra?

De acuerdo con datos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en México 17 entidades federativas ya crearon Fiscalías especializadas en contra de la tortura: Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Yucatán, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur y Ciudad de México sólo tienen unidades especializadas. En el caso de San Luis Potosí se obtuvo una sentencia favorable pero las autoridades locales interpusieron un recurso de revisión.

"Los únicos tres estados donde hasta el momento no hay unidades ni mucho menos Fiscalías especializadas en contra de la tortura son Coahuila, Guerrero y Sonora, a pesar del excelente trabajo que realiza la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la institución", subraya el maestro Sandoval. 

 

¿Qué opina de las instituciones públicas que no cumplen una función social, que se limitan a tareas burocráticas, es el caso del IFDP en México, en Yucatán?

"No, la Defensoría Pública Federal en Yucatán y en el resto del país tiene un rol de cambio, de lucha, de defensa de los derechos de las personas", una constante que de acuerdo con el maestro Sandoval Ballesteros se lleva al cabo a partir de hace tres años. 

"Por ejemplo, en el último informe anual se puede corroborar que se atendieron a 215 personas indígenas, de ellas 95 adultos mayores y 15 extranjeras, de un universo de 1,405 privadas de la libertad en Yucatán", detalla.  

"Nuestra misión es defender a las personas que han sido olvidadas por otras instituciones, nuestro equipo tienen la responsabilidad, diría supletoria, de apoyar a quienes acuden a otras instancias, así sea Profeco o Condusef,  y se detecta que están en estado de indefensión. Nuestra obligación, de acuerdo a la Ley de Defensoría, es suplir esas ausencias o carencias de otras instituciones", afirma el funcionario federal. 

¿Cómo el IFDP puede ser el amparo que brinde certeza jurídica, voz y libertad a las y los que sufren injusticias, cárcel y marginación?

Para el catedrático de Juicio de Amparo en la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, esa encomienda representa un gran desafío para el Instituto Federal de Defensoría Pública, y para ello refiere que tiene muchos instrumentos para hacer valer los derechos de las personas, en concreto las privadas de su libertad. 

"Muestra de ello es un caso que el instituto litigó en Mérida, donde se promovió el amparo 526/2020 en contra del Cereso para la protección al derecho a la salud e integridad durante la pandemia por Covid. Con esa medida una jueza dictó que se establecieran medidas oportunas de prevención de contagios y al derecho a la salud", ilustra. 

Ese tipo de acciones, para proteger la vida por la situación penitenciaria de las personas y facilitar la reanudación y aceleración de los procesos de libertad condicionada y anticipada, menciona que es un indicio de lo que por medio de la Defensoría Pública se puede lograr en diferentes ámbitos.

"Por ello es muy importante que la Defensoría Pública esté en Yucatán y en todo el país para proteger a las personas desvalidas, porque muchas veces incluso hasta las familias se olvidan de los hombres y mujeres privados de libertad. No podemos abandonar a ninguna persona en situación vulnerable",  concluye el maestro Netzaí Sandoval.