David Domínguez Massa

Las reformas a la Constitución local sobre el derecho a la ciudad permitirá, entre otras cosas, combatir con un sustento constitucional las prácticas que pervierten el mercado inmobiliario, en particular de aquellas como el desarrollo de lotes de inversión, afirmó ayer Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI. al pedir el voto a favor de esta iniciativa suya, que finalmente se aprobó por unanimidad.

“El presente dictamen es el resultado de un proceso legislativo enmarcado en la pluralidad política, ampliamente deliberativo, construido con base en el diálogo propositivo, los consensos y acuerdos alcanzados, priorizando siempre el interés de todas y todos los habitantes de Yucatán”, dijo en su turno Carmen González Martín, diputada del PAN en la tribuna del Congreso.

Ayer se publicó en el Diario un desplegado de media plana de “Carta Abierta” del Grupo López Rosa & Asociados, dirigido al Congreso del Estado, donde precisamente hacen un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de regulación y la emisión de estrictas normas para la industria inmobiliaria, en general y en particular, para los desarrollos de lotes en Yucatán, porque añaden que: “En ciertos casos pareciese que el desarrollador cobra primero su utilidad, y luego entregará lo que pueda con el dinero que le sobre”.

Sobre este punto Quintal Parra dijo en la tribuna, que con esto se busca “combatir las prácticas que pervierten el mercado inmobiliario, en particular de aquellas como el desarrollo de lotes de inversión, que en ocasiones, son situaciones de posibles fraudes deliberados o realizados por incompetencia, afectando la necesaria recuperación económica después de las afectaciones de la pandemia de Covid-19”.

Añadió que deben impulsar una renovación urbana del espacio público, la movilidad sustentable, el respeto por el ambiente limpio, sano y equilibrado; y que para todas y todos represente una mejora en la calidad de vida, bajo la rectoría del estado, con un papel preponderante de parte de los ayuntamientos.

Meta

“El derecho a la ciudad que se propone nos da la posibilidad de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”, afirmó.

El diputado priista indicó que el reconocimiento del derecho humano a la ciudad significa para el Poder Ejecutivo y los 106 ayuntamientos, una labor de elaboración y actualización de sus planes, programas, objetivos, estrategias y metas, para garantizar un modelo de ciudad sustentable, que refleje en su imagen, estructura e historia, un ordenamiento urbano, producto de la planeación con los grupos sociales de la ciudad, esquemas de comunidades con economía y desarrollo propios que garanticen un futuro sustentable para el presente y las generaciones futuras.

“Es mucho lo que está en juego para las y los que reconocemos a Yucatán como nuestro hogar, o permitimos que sigan surgiendo asentamientos urbanos y proyectos irrealizables, o construimos un estado y una Mérida donde se pueda vivir dignamente, se reconozca a las personas como parte fundamental de las ciudades, se proteja el medio ambiente y nos encaminemos a enfrentar la desigualdad y la brecha social existente, acabando con la vergonzosa e injusta división entre ciudadanos de primera y de segunda”, expresó.