Eduardo Murillo

Tras 14 años de estar recluida como enferma mental, una mujer obtuvo amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se le reconozca su salud psíquica, pueda buscar a la hija que tuvo durante su hospitalización, quien fue dada en adopción sin su consentimiento, y demande al Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México (IASIS), por los daños y tratos inhumanos que sufrió durante todo este tiempo.

La mujer trabajaba en los Estados Unidos gracias a una visa temporal, estaba embarazada cuando sufrió un accidente que le causó pérdida de la memoria y de sus documentos, por lo cual fue deportada sin que las autoridades de ese país hicieran nada por confirmar su identidad ni contactar a su familia.

En 2004, la víctima se encontraba en situación de calle en la Ciudad de México y fue recogida por el IASIS, quien la remitió al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, donde el 17 de abril dio a luz a una niña.

Ya para entonces, la mujer afirma que recordaba su nombre y el de sus familiares, por lo que pidió que los contactaran para que la recogieran a ella y a su hija, no obstante, las autoridades del IASIS no la escucharon y permitieron que, dos años después, la organización Filios Asociación de Beneficencia Privada, la sometiera a un juicio de interdicción, donde un juez la declaró mentalmente incapaz y nombró como su tutora legal a la directora del grupo, para que autorizara dar en adopción a la bebé.

La mujer denunció que nunca tuvo contacto con su tutora para que la escuchara, y fue internada nuevamente, mientras su familia, ignorando todo lo que había pasado, aún la buscaban en los Estados Unidos.

“A partir de entonces, afirma, permaneció contra su voluntad en el centro “La Cascada” y fue sometida a medicación que la mantenía sedada”, señala en su denuncia.

Fue hasta 2018, cuando una estudiante que hacía prácticas en el IASIS detectó que la mujer no estaba enferma y buscó en internet a su familia, a quienes logró ubicar en tan solo tres días.

El 8 de agosto de ese año, la madre y las hermanas de la mujer fueron a buscarla y pudo recuperar por fin su libertad, para emprender una lucha legal por recuperar su vida, a su hija y que le reparen los daños que le causó la institucionalización ilegal.

“Las actoras demandan, entre otras cuestiones, indemnizaciones por los daños causados a la salud física y emocional de (la víctima), tanto por la reclusión, como por los tratos inhumanos a los que alega fue sometida en el centro del IASIS. Reclaman también los daños derivados de la separación familiar y el otorgamiento de la adopción de su hija con la que desea tener contacto”, se asienta en la demanda.

Sin embargo, cuando buscó justicia, los jueces rechazaron sus demandas debido a que legalmente aún estaba bajo el estado de interdicción, sin capacidad legal para hacer valer sus derechos.

La mujer tuvo que acudir hasta la SCJN para lograr que, por unanimidad, este miércoles los ministros de la Primera Sala le devolvieran el reconocimiento a su capacidad jurídica.

El proyecto aprobado por unanimidad fue presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el ordena que “se declara formalmente el cese de la interdicción mediante el procedimiento correspondiente ante el juez de lo familiar” y “se le reconozca capacidad jurídica en un procedimiento judicial, ante cualquier órgano jurisdiccional”.

Diez después de que su hija cumplió 18 años de edad, la madre podrá iniciar la lucha legal para encontrarla, teniendo como únicas pistas que la asociación