La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, analizó la impugnación a los artículos 5.44.1 y 5.46 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, reformados mediante Decreto 269, publicado el 14 de mayo de 2021, donde se establecen obligaciones a las partes en litigio, en el sentido de agotar una junta informativa sobre la existencia de la justicia alterna familiar; además establecen como condición para citar a la audiencia inicial del juicio respectivo la exhibición de la constancia de que se acudió a dicha junta y de que, en caso de haber aceptado seguir la instancia conciliatoria, no se logró la extinción total del conflicto a través de convenio.

Además, en una diversa acción de inconstitucionalidad, analizó la impugnación a los artículos del 2.388 al 2.416, capítulo XI, del mismo ordenamiento, adicionados mediante Decreto 257, publicado el 14 de abril de 2021, los cuales regulan el procedimiento del juicio hipotecario.

Una mayoría de siete Ministros y Ministras se pronunció en el sentido de que dichos preceptos eran formal y materialmente del ámbito procesal civil, lo que implica que el Congreso local carece de competencia para legislar en esa materia, en términos de lo dispuesto en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución General, reformado el 15 de septiembre de 2017, y el artículo quinto transitorio del respectivo decreto de reformas.

Sin embargo, al no haberse alcanzado la votación calificada de cuando menos ocho votos para declarar su invalidez exigida por la fracción II del artículo 105 constitucional en ambos asuntos, las acciones de inconstitucionalidad fueron desestimadas, por lo que las normas impugnadas permanecen vigentes.

Acción de inconstitucionalidad 94/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 5.44.1 y 5.46 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México reformados mediante Decreto 269, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 14 de mayo de 2021.

Acción de inconstitucionalidad 83/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos del 2.388 al 2.416, capítulo XI, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 14 de abril de 2021, mediante Decreto 257.