La transparencia y la democracia han sido luchas de una generación de mexicanas y mexicanos y aunque se reconocen importantes avances al respecto, hoy día se registran retrocesos y problemas en el acceso a la información por parte de los sujetos obligados.

 

En lo anterior coincidieron los panelistas del Seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: El Derecho a la Información, la Importancia de la Transparencia en el Ejercicio de Gobierno, quienes debatieron no sólo sobre las garantías constitucionales del acceso a la información, sino también sobre su ejercicio en el propio Poder Judicial de la Federación, específicamente de La Corte.

 

Las ministras de La Corte Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, el ministro Alberto Pérez Dayán y la académica Edna Jaime, moderados por los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano, participaron en este foro que, por cuarto año, es organizado en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) por el Centro Universitario de Tlajomulco y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara

 

A partir de que se reconoció constitucionalmente el derecho a la información, pero sobre todo el acceso a la información pública bajo el principio de máxima transparencia; la vida pública, la acción gubernamental, pueden ser conocidas por todos aquellos que tengan interés en conocer en su contenido. Sin embargo, no se puede decir que la transparencia y el acceso a la información son una batalla ganada, explicaron.

 

La organización civil ‘México Evalúa’ ha realizado estudios que demuestran lo anterior. Edna Jaime expuso, en específico, una investigación realizada en los últimos dos años sobre los procesos al interior de La Corte, en virtud de que consideraron que existían asuntos de gran trascendencia en poder del tribunal constitucional que no estaban avanzando.

 

Se instaló un observatorio de La Corte, coordinado por Laurence Pantin, también de ‘México Evalúa’, mediante el cual se buscó describir parámetros acerca de la ruta procesal de los asuntos de 1995 a 2022.

 

“Fue un trabajo complejo, nos costó conseguir la información, armar la base de datos”, explicó la ex directora de ‘México Evalúa’. “Encontramos mucha variación en los tiempos de resolución, había discrecionalidad, había procedimientos que ni siquiera en la norma estaban bien definidos. Un mundo de posibilidades de mejorar estos procesos dentro de La Corte y la manera en que se comunican a los ciudadanos”.

 

El ministro Pérez Dayán reconoció que el estudio de ‘México Evalúa’ permite “de cara a la sociedad, enfrentar los retos que significan el cómo nos ven”. “A todo aquel que le hagan un diagnóstico debe estar agradecido, porque le previene y, evidentemente, hoy uno tiene que agradecer los datos que arroja un estudio serio como el que aquí se hizo, en el que advertimos diferencias en los tratamientos de los asuntos”, dijo el ministro Pérez Dayán.

 

El estudio, añadió, hoy puede arrojar resultados diferentes, pues a partir de sus conclusiones se hicieron cambios como la creación de un comité de listas que recibe los asuntos que ya cuentan en una sentencia y se programa para que se discuta en el menor tiempo posible. Además, se trabaja en un proyecto para conocer el estado procesal de los asuntos.

 

Transparencia, dijo el ministro, es que el Gobierno dé la cara y la dé dignamente. “En la eventualidad de que no esté haciendo las cosas bien, un ejercicio de reflexión y tratar en la mayor medida posible el objetivo final: servir al pueblo de México”.

 

En este sentido, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat reconoció que La Corte requiere de aliados para dar a conocer su trabajo debido a la gran cantidad de asuntos que se resuelven. A pesar de que las decisiones son públicas, el problema es la falta de vinculación con la sociedad. “La cantidad de asuntos que ve La Corte es francamente abrumadora, se ocupan manos, de verdad, así que yo agradezco el trabajo de las organizaciones, de los estudiantes, de la academia. Se ocupa una perspectiva de buena fe”. De tal manera, hizo un llamado a las nuevas generaciones para trabajar en el entendimiento y sistematización de las sentencias de la judicatura, así como en la difusión de lo que se hace.

 

Las sentencias nos dicen mucho del tipo de sociedad que somos, de lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros, para bien o para mal, apuntó la ministra Ríos Farjat. El objetivo de esta rendición de cuentas es que la sociedad esté tranquila y sepa que tiene un Poder Judicial que funciona.

 

También la ministra Loretta Ortiz Ahlf reconoció los resultados del estudio de ‘México Evalúa’ y señaló que la discrecionalidad es lo que menos se esperaría de La Corte, por parte de la ciudadanía. Expuso que, en su caso, no tiene rezagos de asuntos; “sabemos a conciencia los derechos que están a nuestras espaldas. Sabemos que una sentencia nuestra va a afectar o va a favorecer a millones de personas. Las resoluciones que tomamos no son una cuestión de todos los días”. Además, consideró que en materia de derechos humanos no existen regresiones.

 

El caso del INAI

 

Más allá de las responsabilidades de La Corte como sujeto obligado y de la necesidad de transparentar mejor sus procesos y dar a conocer su trabajo a la ciudadanía, en el panel se reflexionó sobre el papel que asumió el tribunal constitucional en la protección del derecho a la información al permitir que el órgano garante, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sesionara con cuatro integrantes y, además, demandar al Senado el nombramiento de dos de los tres comisionados faltantes antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

 

Al respecto, se destacó que el hecho de que el INAI funcione, significa una de las formas más acabadas del derecho a la información, porque es el que interviene cuando la información no se consigue por las vías regulares; es decir, cuando los sujetos obligados le niegan a la ciudadanía lo que solicita.

 

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat consideró que la función de La Corte como tribunal constitucional es que las instituciones previstas en la Constitución funcionen; es decir, no pueden quedar inoperantes. “Ciertamente no hay plazos para hacer nombramientos, porque quizá el Constituyente Permanente no previó la necesidad de establecer algunos plazos”, apuntó, pero debe tratarse de un plazo prudente que le permita ser operativa. En cumplimiento con esta obligación, fue que la ministra propuso que se pudiera sesionar con cuatro integrantes.

 

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz consideró que la ley establece que quienes garantizan el derecho a la información son todos los sujetos obligados a través de sus unidades de transparencia. “Si la norma no es correcta nosotros no podemos sustituirnos en el órgano legislativo”.

 

Sobre la demanda que la sentencia de La Corte hizo al Senado para que nombre a dos de los tres comisionados, se cuestionó sobre lo que este llamado implica y qué pasará si no se cumple.

 

Al respecto, las ministras y el ministro expusieron sus puntos de vista. En el caso del ministro Pérez Dayán consideró que las instituciones no pueden dejar de funcionar sólo porque no se pongan de acuerdo las dos terceras partes del Senado. “La Corte va a exigir que se nombren y si no se nombran iniciará el proceso de destitución, ¿nos lo van a cumplir?, puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente a alguien que no cumple, debe ser contundente”.

 

La consecuencia de un INAI inoperante sentenció Edna Jaime, es que todos los que tenían una obligación con la ciudadanía, están dejando de sentirse obligados “porque tienen permiso para no entregar la información, parece que están autorizados”. Debemos recuperar lo que teníamos “antes de que perdamos la batalla de nuestra generación”.