• Las tarifas resultaban desproporcionadas y no correspondían al costo que implica la certificación de documentos

 

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invalidó las disposiciones de las Leyes de Ingresos de los municipios de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal, ambos del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2023, donde se preveía el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas.

    Además, en un expediente diverso, La Corte invalidó los preceptos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, donde también se establecía el cobro de derechos por el mismo concepto.

    En ambos casos, el Pleno determinó que las tarifas resultaban desproporcionadas y no correspondían al costo que implica para los entes públicos la certificación de documentos.

    Aunado a ello, La Corte resolvió que la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, también contravenía el principio de seguridad jurídica, pues de la redacción del precepto analizado, no podía desprenderse el elemento a partir del cual se determinaría la cantidad correspondiente a la certificación de cada hoja.

   Finalmente, el Pleno exhortó a los Congresos de ambas entidades para que en el futuro se abstengan de emitir normas que presenten dichos vicios de inconstitucionalidad.

    Acción de inconstitucionalidad 23/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, y 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, ambas del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal de 2023, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad de 20 de diciembre de 2022, mediante decretos 293 y 294. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo Victoria Pérez.

    Acción de inconstitucionalidad 74/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 19, fracción XXII, segundo párrafo, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 7 de febrero de 2023, mediante Decreto 771. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo Victoria Pérez.